254 asesinatos de palestinos en Israel, la mayoría sin resolver

Los asesinatos registrados en las comunidades palestinas dentro de Israel llegaron a 254 el año pasado, frente a unos 230 en 2024, 89 en 2019 y 58 en 2015. Los ciudadanos palestinos son alrededor de una quinta parte de la población israelí, y más de cuatro de cada cinco personas asesinadas en el país el año pasado pertenecían a esa quinta parte.

La segunda brecha es lo que ocurre después. De los asesinatos registrados en comunidades palestinas en 2024, la policía resolvió entre el 15 y el 18 por ciento; en la sociedad judía israelí la tasa superó la mitad. Un estudio publicado en 2023, que comparó a ambas comunidades con los Estados miembros de la OCDE, situó la tasa de homicidios entre los ciudadanos palestinos en unos 11 por cada 100.000 habitantes y la de los judíos israelíes en torno a 0,64. Hasta aproximadamente 2015 la proporción entre ambas era de casi cuatro a uno; en 2023 se contaban unos 13 asesinatos en comunidades palestinas por cada uno en la sociedad judía.

Que el Estado puede actuar contra el crimen organizado no está en discusión, porque ya lo hizo. En diciembre de 2003, una bomba dirigida contra el capo Zeev Rosenstein estalló en pleno Tel Aviv, el séptimo intento contra su vida; él sobrevivió y tres transeúntes murieron. El gobierno pasó entonces a tratar el crimen organizado como una amenaza para la resiliencia social y económica del país, y no como un asunto de policía ordinaria. La resolución gubernamental 4618 puso en marcha un trabajo conjunto de la fiscalía del Estado, la policía, la autoridad tributaria y el organismo que persigue el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, dirigido contra las finanzas que sostenían a las organizaciones y no contra los hombres que enviaban a la calle. Una decisión complementaria, la 4619, preparó el terreno para una autoridad de protección de testigos.

De las seis grandes organizaciones de aquel periodo, cuatro fueron desmanteladas o quedaron muy debilitadas, entre ellas la de Rosenstein y el grupo Abergil, al que el FBI había descrito como un considerable sindicato criminal internacional. Otras dos sobrevivieron muy reducidas.

Aquellas organizaciones eran mayoritariamente judías y su desplome dejó un hueco. Hasta entonces el crimen organizado a gran escala era relativamente raro en pueblos y aldeas árabes, y se concentraba en las ciudades mixtas de Jaffa, Ramla, Lod y Acre, donde muchos de los palestinos que se quedaron después de la Nakba viven en los barrios más pobres. Al instalarse allí, los grupos encontraron poca presencia policial, instituciones débiles, acceso fácil a armas ilegales, economías rezagadas y municipios con escasa capacidad de resistir.

Su negocio son las drogas, los pagos por protección, los préstamos a tipos abusivos, la extorsión y el contrabando de armas. Cada vez más, también el dinero público. Los grupos criminales se han abierto paso en el gobierno local: buscan influir en las elecciones municipales, presionan a las comisiones de contratación y amenazan a cargos electos, y los contratos que interesan son la recogida de basuras, el reciclaje, la construcción, el transporte y los presupuestos escolares. Donde lo consiguen, el grupo ya no opera solo alrededor de las instituciones públicas, sino en parte dentro de ellas: decide qué empresas pueden trabajar, a qué contratistas se paga y quién puede presentarse a un cargo sin correr peligro.

Nazaret pasó buena parte del año pasado en una crisis por la recogida de basuras y las finanzas municipales, con organizaciones criminales sospechosas de haberse infiltrado en la contratación de la ciudad; la investigación desembocó en la detención de Ali Salam, entonces alcalde. En Arraba, el alcalde habría comprobado que una localidad de ese tamaño pagaba precios desorbitados por servicios como la recogida de residuos, y habría pedido ayuda al Estado repetidamente. Después dispararon contra su casa y recibió amenazas. El Estado pide a los municipios árabes que planten cara a estos grupos, y los cargos que lo intentan pueden acabar haciéndolo sin protección.

Una organización muestra hasta dónde puede llegar ese alcance. El grupo Abu Latif salió de Rameh, una localidad drusa donde el servicio militar y en los cuerpos de seguridad es habitual, y miembros de la familia extensa han servido en organismos de seguridad israelíes. Algunos integrantes también fueron detenidos en 2001 y acusados en una causa de seguridad: contactos con un agente de una potencia extranjera y ayuda prestada a Hezbolá para introducir armas, bombas y estupefacientes por la frontera libanesa. Los investigadores han sostenido desde entonces que el grupo empleó amenazas y extorsión para hacerse con contratos del ministerio de Defensa y de construcción militar, incluidas obras en instalaciones a lo largo de esa misma frontera y en bases de la fuerza aérea. Testimonios atribuidos a sus miembros recogen lo que se decía a las víctimas: «Nosotros somos el Estado».

Otro hilo lleva a los territorios ocupados. Las agencias de seguridad israelíes llevan décadas apoyándose en informantes palestinos en Cisjordania y Gaza, y cuando un informante queda al descubierto, quedarse en casa puede volverse imposible; a algunos se los ha trasladado con sus familias a Israel, a veces con nombres nuevos, a localidades palestinas y ciudades mixtas. Su situación allí puede seguir siendo insegura, sin ciudadanía consolidada, sin trabajo estable ni apoyo. En 2021 un alto mando policial afirmó que la actuación policial se complicaba a veces porque personas implicadas en delitos graves estaban también conectadas con los servicios de seguridad, y que la protección que eso les daba limitaba lo que la policía podía investigar. Si es así, dos brazos del mismo Estado trabajan uno contra otro; para una familia de una localidad donde se dispara contra la gente, el efecto es sencillamente que ciertos hombres quedan fuera de alcance.

Las quejas por abandono, discriminación y bajas tasas de esclarecimiento son muy anteriores a la llegada de Itamar Ben-Gvir al ministerio de Seguridad Nacional. Bajo su mando han adquirido un tinte partidista: se remodeló la cúpula policial, se ascendió a agentes considerados afines y las prioridades de la actuación policial se acercaron a su propia política. Los asesinatos han seguido aumentando durante todo ese tiempo.

La respuesta dentro de la sociedad palestina ha sido la mayor movilización cívica en años. Empezó en enero, cuando el dueño de una panadería de Sakhnin, en el norte, al que se le exigía dinero por protección, se negó a seguir pagando y anunció que cerraría el negocio y despediría a sus trabajadores. Comerciantes, vecinos y dirigentes locales recogieron el gesto y el 22 de enero decenas de miles de personas llenaron las calles de Sakhnin mientras los comercios de la ciudad cerraban en huelga general; otra manifestación en Tel Aviv reunió a decenas de miles más. El crimen se había convertido en una demanda política colectiva y no en una desgracia local. Las organizaciones siguieron operando y los asesinatos no cedieron.

La respuesta más reciente del gobierno es implicar directamente al Shin Bet, el servicio de seguridad interior, en esta lucha. Políticos palestinos, organizaciones de la sociedad civil, abogados y antiguos responsables de seguridad se han opuesto, y la objeción no es que haya que dejar en paz a los grupos criminales. Es lo que se sigue de volver un servicio creado para amenazas a la seguridad nacional hacia el control policial de una minoría civil, en un momento en que lo dirige David Zini, cuyo nombramiento fue impugnado por su política y por su cercanía al primer ministro. A una población que pide protección policial ordinaria se le está entregando otra cosa.

Debajo de todo esto hay una economía. La pobreza, unas infraestructuras deficientes, la escasez de vivienda y una larga falta de inversión en la escuela y el gobierno local conviven con una clase media palestina pequeña y en crecimiento en las profesiones liberales, la tecnología y los negocios, que ha ensanchado las distancias dentro de la propia sociedad palestina. El contralor del Estado informó en 2023 de que, entre los ciudadanos árabes de 18 a 24 años, en torno al 34 por ciento de las mujeres y el 25 por ciento de los hombres no trabajaban ni estudiaban ni seguían formación profesional, muy por encima de las tasas equivalentes en la sociedad judía. El crimen organizado paga donde no lo hace la economía formal, presta donde los bancos no lo hacen y ofrece una posición donde faltan las instituciones.

Lo que describen las cifras no son, entonces, dos problemas de criminalidad, sino dos niveles de protección. El aparato que hace dos décadas desmontó las finanzas de las mayores organizaciones criminales del país no se ha vuelto con la misma fuerza contra las que las sustituyeron, y los ciudadanos que lo pagan se cuentan cada año en la misma columna.