Catorce Estados y la UE declaran ilegal la toma de Qalandia

Catorce gobiernos y la Unión Europea han condenado la toma por parte de Israel del centro de formación profesional de la agencia de la ONU para los refugiados en Qalandia, al norte de Jerusalén ocupada, y califican de ilegal la entrada de las fuerzas israelíes en el recinto. Su declaración conjunta se difundió a través del consulado general de Bélgica en Jerusalén.

La firmaron Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Noruega, España y Suiza, junto con el Reino Unido, Canadá, Japón y Brasil, además de la propia Unión Europea. Todos ellos forman parte de la comisión asesora que supervisa el trabajo de la agencia.

La protección de la que gozan los edificios de la ONU procede, señala la declaración, de la Convención sobre Prerrogativas e Inmunidades de las Naciones Unidas, un tratado que obliga a Israel. El texto pide a Israel el «cumplimiento inmediato y pleno» de las decisiones de la ONU que permiten a la agencia desempeñar el mandato que se le encomendó, y el fin sin demora de toda interferencia en ese trabajo.

La agencia afirmó el sábado que el lugar sigue siendo una instalación de las Naciones Unidas y que le corresponde protección conforme al derecho internacional. Sufrió daños mientras las fuerzas israelíes estuvieron en él, indicó, y desde entonces le han llegado informaciones sobre personas que entran en las instalaciones e intentan sacar cosas de ellas. Israel está obligado a revertir de inmediato esas medidas y a impedir que se repitan, añadió, y la agencia tiene la intención de reanudar plenamente la enseñanza en el centro. El complejo ocupa más de 80 dunams.

El marco legal de la disputa se ha movido en ambas direcciones. El Parlamento israelí aprobó en 2024 una ley que restringe las operaciones de la agencia, incluida la prohibición de cualquier actividad dentro de Israel, y entró en vigor a comienzos del año pasado. En noviembre, pese a las objeciones israelíes, la Asamblea General prorrogó el mandato de la agencia por tres años, hasta junio de 2029, lo que la mantiene en pie más tiempo del que probablemente dure el litigio por sus edificios.

Lo que la agencia informó el sábado desplaza el debate más allá de quién tiene el edificio. Los talleres dañados y el material sacado por la puerta afectan a si el centro podrá volver a formar a alguien, se resuelva como se resuelva la cuestión del recinto. Catorce gobiernos invocando un tratado no son un mecanismo de ejecución, pero dejan constancia pública de la posición de los Estados que financian a la agencia sobre una dirección concreta, en un momento en que lo que allí está en juego pasa de la posesión al estado del lugar.