La Cámara de EEUU aprueba multar a universidades por boicot a Israel

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley impulsado por los republicanos que impone sanciones a las universidades que participan en boicots contra Israel. La norma también apunta a las instituciones que restringen los viajes de sus estudiantes a ese país. La votación se saldó con doscientos treinta y siete votos a favor y ciento sesenta y nueve en contra. El texto pasa ahora al Senado, la cámara alta del Congreso, para su estudio y eventual aprobación.

La congresista republicana Virginia Foxx afirmó que la podredumbre antisemita ha corroído los campus universitarios y debe erradicarse por completo. Subrayó que la Cámara envió hoy un mensaje claro a las instituciones de educación superior de todo el país. Sus palabras insistieron en la necesidad de imponer consecuencias estrictas a los organismos académicos que optan por ceder a presiones externas. La ley busca responder a lo que sus promotores describen como una hostilidad creciente en las universidades hacia determinadas políticas exteriores.

La Protect Economic and Academic Freedom Act se dirige específicamente a las instituciones que apoyan el movimiento de Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS). Sus promotores sostienen que esta legislación bipartidista obligará a las universidades a responder por sus decisiones administrativas en materia de relaciones internacionales. El proyecto busca garantizar que las libertades económicas y académicas queden protegidas de lo que los legisladores consideran campañas políticas coercitivas. Representa un esfuerzo concertado de los líderes republicanos por moldear el debate sobre la educación superior y los alineamientos de política exterior.

Mientras el proyecto avanza hacia el Senado, llega con el respaldo sustancial de la Cámara pese a las divisiones partidistas. La votación refleja los debates abiertos sobre la libertad de expresión, la independencia académica y la solidaridad internacional en las universidades estadounidenses. Críticos y partidarios siguen de cerca el recorrido de la norma en las próximas etapas del proceso legislativo federal. El resultado determinará si se convierten en ley nuevas sanciones económicas para los centros educativos que participen en determinados boicots políticos.