ONG: el destino de los detenidos de Gaza, oculto por tercer año

Organizaciones palestinas de presos afirmaron el domingo que Israel lleva ya un tercer año negándose a decir a quién mantiene detenido de la Franja de Gaza, dónde están esas personas y en qué estado de salud se encuentran. Miles fueron capturadas durante la guerra y de muchas de ellas sigue sin saberse nada. El comunicado conjunto se difundió con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora el 30 de agosto.

Las organizaciones señalaron que ese silencio no debe leerse como una sucesión de fallos aislados a la hora de responder. Describieron un solo sistema, armado con órdenes militares, con legislación y con la práctica de los tribunales, cuyo efecto es dejar al detenido fuera de la protección legal y suprimir la supervisión que haría visibles la tortura, los malos tratos y la negación de atención médica.

Frente a ello sitúan la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, según la cual una detención se convierte en desaparición cuando las autoridades se niegan a reconocerla u ocultan el lugar donde se mantiene a la persona. El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, recordaron, considera esa misma conducta un crimen de lesa humanidad cuando forma parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil.

El marco aplicado a los gazatíes es la calificación de «combatiente ilegal», junto con campos reservados para ellos y límites amplísimos a las visitas de abogados y de observadores internacionales. Las organizaciones mencionaron Sde Teiman, Anatot, Ofer y Naftali entre las instalaciones en uso, y dijeron que el servicio penitenciario ha reabierto la sección Rakefet de la prisión de Ramleh. Han logrado llegar a algunos de los detenidos allí recluidos y recoger testimonios sobre las condiciones dentro.

No existe una cifra exacta de cuántos gazatíes han sido desaparecidos. Las organizaciones lo atribuyen a la magnitud de la destrucción y del desplazamiento, a la obstrucción de los equipos de búsqueda y rescate y a una negativa deliberada a facilitar información.

Lo que ha dado respuestas vino de fuera de ese proceso. A lo largo de tres años de gestiones, a las organizaciones se les dijo en cientos de casos que las autoridades no tenían nada sobre la persona por la que preguntaban, y después aparecieron fotografías de algunos de esos detenidos que demostraban que habían estado presos todo el tiempo. Los recursos ante el Tribunal Supremo de Israel han forzado el reconocimiento de que el ejército retenía el cuerpo de un detenido, aunque nunca cuándo ni cómo murió.

El caso de Ehab Diab, periodista de Gaza, siguió ese recorrido. A las organizaciones de derechos humanos que pedían información sobre él se les respondió una y otra vez que no había ninguna. Una de ellas acudió entonces al Tribunal Supremo y se supo que el ejército tenía su cuerpo. El 9 de agosto las organizaciones de presos anunciaron que Diab había muerto bajo custodia israelí. La fecha de su muerte sigue sin conocerse.

Las cifras difundidas a principios de agosto por el servicio penitenciario israelí sitúan en 1,358 el número de detenidos clasificados como «combatientes ilegales». De los 99 presos y detenidos muertos bajo custodia israelí desde el inicio de la guerra que las organizaciones han podido identificar, 53 eran personas capturadas en Gaza. Los testimonios que han reunido describen torturas, malos tratos y negación de atención médica desde el momento de la detención y a lo largo de los interrogatorios y los traslados.

Israel retiene además los cuerpos de gazatíes que murieron en sus prisiones y campos, lo que, según las organizaciones, mantiene las circunstancias de esas muertes fuera del alcance de cualquier examen independiente. Pidieron a Naciones Unidas y a los Estados que pasen de las expresiones de preocupación a medidas vinculantes: acceso para abogados y para observadores internacionales, investigaciones independientes sobre las desapariciones, las torturas y las muertes, el procesamiento de los responsables y la devolución de los cuerpos. Un ocultamiento de esta escala, afirmaron, es «un crimen sistemático» y no un vacío en los registros.

Las dos vías que hasta ahora han abierto un expediente discurrieron fuera del sistema que mantiene la detención: una fotografía que llegó al exterior y un recurso judicial presentado por abogados sin un cliente que les diera instrucciones. Ninguna está al alcance de una familia en Gaza. Por eso la primera exigencia del comunicado no es una cifra, sino un canal. Un recuento puede corregirse más adelante. Una respuesta tiene que venir de quien retiene a la persona, y nada en el entramado que describen las organizaciones obliga a nadie a darla.