Ataques de colonos desplazan a 107 comunidades en Cisjordania

Human Rights Watch afirmó que los ataques de colonos israelíes están expulsando a los palestinos de sus tierras en toda Cisjordania ocupada y contabilizó 107 comunidades —entre ellas aldeas y pueblos— que se han vaciado total o parcialmente desde enero de 2023, en un periodo en el que la construcción de asentamientos ha avanzado más rápido que en cualquier otro momento registrado.

La organización señaló que los ataques se han agudizado a lo largo de 2026 y adoptan varias formas a la vez: personas asesinadas, personas golpeadas, familias atemorizadas de noche, viviendas y vehículos destrozados o incendiados. Los medios de vida reciben golpes tan directos como los cuerpos: ganado robado o sacrificado y caminos hacia los pastos y el agua cerrados, lo que para una comunidad de pastores equivale a una orden de marcharse.

Sus conclusiones se basan en ataques documentados en siete aldeas de las zonas de Ramala y Nablus y en el valle del Jordán, a partir de los relatos de 20 personas y de grabaciones de vídeo. Las fuerzas israelíes no respondieron a las preguntas que les planteó.

Sara Sunberg, investigadora de la organización, dijo que las autoridades israelíes «no solo no impiden la violencia de los colonos, sino que la facilitan», y describió el objetivo que hay detrás como el de retener «la mayor cantidad de tierra posible con la menor cantidad de palestinos posible». El informe recoge ataques cometidos junto a soldados o delante de ellos, sin que se hiciera nada por detener lo que ocurría.

La magnitud queda reflejada en las cifras humanitarias de Naciones Unidas. En los primeros cuatro meses de 2026 fueron desplazados más palestinos que en todo 2025, con una media de 6,6 ataques de colonos al día, la tasa más alta registrada hasta ahora. Al menos 15 palestinos, dos de ellos niños, habían muerto a manos de colonos a finales de julio, lo que sitúa a este año camino de superar el balance de 2023.

Detrás de los atacantes, dice el informe, hay una cadena de suministro: dinero, equipamiento y cobertura legal del Estado israelí, incluida la financiación de drones y gafas de visión nocturna, junto con aumentos de las partidas presupuestarias vinculadas a los asentamientos. Se anuncian nuevos asentamientos y se legalizan a posteriori puestos de avanzada construidos sin permiso, de modo que el terreno tomado por la fuerza se convierte en terreno retenido por ley.

Poco de esto llega a los tribunales. Las organizaciones de derechos humanos sitúan la tasa de condena en los casos que involucran a colonos en no más del 3 por ciento a lo largo de varios años y afirman que la aplicación de la ley se ha relajado incluso mientras la violencia aumentaba, una brecha que le dice a una familia de una aldea señalada qué puede esperar si se queda.

Human Rights Watch afirmó que las prácticas que documentó pueden constituir un traslado forzoso, prohibido por el derecho internacional, entre cuyos instrumentos figura el Cuarto Convenio de Ginebra. Pidió a otros Estados que impongan sanciones selectivas a los implicados, detengan las transferencias de armas a Israel, prohíban el comercio con los asentamientos y reabran sus acuerdos comerciales, y sostuvo que la responsabilidad por la impunidad va más allá de los colonos individuales y alcanza a la política del Gobierno y a los Estados que la siguen apoyando.