Sudáfrica dice a la CIJ que Israel ignora sus órdenes
Un expediente presentado el 25 de agosto afirma que a los palestinos se les sigue negando agua, medicamentos y atención médica, y que desde el alto el fuego ha muerto de media un niño cada día.
Sudáfrica ha presentado un expediente ante la Corte Internacional de Justicia en el que sostiene que Israel no ha cumplido las medidas provisionales vinculantes que el tribunal ordenó en la causa por genocidio abierta a raíz de Gaza, informó su Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación.
El escrito se presentó el 25 de agosto. Su objetivo es asistir a un comité de la Corte que vigila si Israel está aplicando las órdenes y que evalúa qué opciones tienen los jueces, señaló el departamento.
Los palestinos siguen privados de agua, atención sanitaria, medicamentos y otros bienes esenciales, según el comunicado, que afirma que Pretoria seguirá recurriendo a “todas las vías disponibles” para lograr un cumplimiento pleno e inmediato.
El expediente acusa además a Israel de matar a periodistas palestinos y de impedir la entrada en Gaza a corresponsales extranjeros y a investigadores con mandato de la ONU, lo que deja al tribunal dependiendo de pruebas reunidas en condiciones que Israel controla.
Sobre el periodo transcurrido desde que se anunció el alto el fuego, el departamento afirma que el ejército israelí ha matado de media a un niño palestino cada día y que las tasas de aborto espontáneo en Gaza se han más que triplicado durante 2026. Los supervivientes, añade, están siendo empujados a una zona cada vez más pequeña y retenidos en condiciones que describe como insoportables.
Las medidas en cuestión se dictaron en 2024 y obligan a Israel a adoptar todas las disposiciones a su alcance para impedir actos comprendidos en el artículo 2 de la Convención sobre el Genocidio de 1948. Son vinculantes, pero la Corte carece de medios para hacerlas cumplir, y la cuestión de qué ocurre ante un incumplimiento reiterado sigue abierta desde que se dictaron.
A eso apunta el escrito. En lugar de abrir un debate sobre el fondo del caso, que llevará años, pone un registro de los meses transcurridos desde las órdenes ante el órgano encargado de seguirlas y pide a la Corte que decida qué hace cuando se desoyen sus propias instrucciones.