El plan de recuperación de Gaza enfrenta obstáculos
Un nuevo plan semestral esboza los pasos iniciales para la reconstrucción, pero la violencia continua y las dudas sobre la gobernanza complican su implementación.
La Junta de Paz, respaldada por EE. UU., presentó el miércoles en Nueva York un plan inicial de recuperación de 2.450 millones de dólares para Gaza. Este anuncio destaca una paradoja flagrante: mientras se debaten miles de millones a nivel internacional, los ataques israelíes y las restricciones políticas siguen bloqueando los esfuerzos de reconstrucción significativos para los palestinos que viven en el territorio devastado.
El plan semestral contiene sesenta y seis proyectos destinados a restaurar los servicios básicos y retirar los escombros. Se centra en proporcionar refugio temporal, rehabilitar hospitales y carreteras, y restaurar la infraestructura de agua y electricidad. El plan también busca apoyar la recuperación económica mediante intervenciones específicas en sectores clave que han sufrido daños catastróficos durante el reciente conflicto.
Sin embargo, la presentación ocurrió mientras los ataques israelíes continuaban matando a palestinos en toda Gaza. Esta contradicción subraya el fracaso del alto el fuego actual para proporcionar seguridad completa. Los funcionarios internacionales debatieron estrategias de reconstrucción incluso cuando la realidad diaria sobre el terreno seguía siendo mortal, creando una desconexión significativa entre los planes diplomáticos y las necesidades inmediatas de seguridad de la población local.
Los organismos globales estiman que la recuperación completa costará aproximadamente 71.400 millones de dólares durante diez años. Esta cifra supera con creces la propuesta actual, ya que solo los daños físicos directos ascienden a 35.200 millones de dólares. La enorme brecha destaca la escala extraordinaria de la destrucción, que requiere un compromiso financiero sostenido más allá de la fase inicial descrita por la junta.
El progreso de la reconstrucción está vinculado a un marco político más amplio que implica que Hamás renuncie a la gobernanza y que las fuerzas israelíes se retiren. Se prevé que los trabajos comiencen en Rafah y avancen hacia el norte, lo que plantea preguntas sobre el control civil. Los críticos cuestionan si la capacidad de reconstruir hogares y hospitales debería depender de negociaciones militares sobre las cuales los civiles comunes tienen poca influencia o autoridad directa.
El plan propone una junta internacional que supervise una administración tecnocrática palestina, lo que genera preocupaciones sobre la soberanía. Quedan dudas sobre quién controla las fronteras y la entrada de materiales. Sin la agencia palestina y el acceso sin restricciones a los materiales de construcción, los compromisos financieros pueden permanecer teóricos. La cuestión central no es solo la financiación, sino garantizar que los palestinos puedan determinar su propio futuro y reconstruir sus comunidades de manera segura.