Euro-Med critica las pesquisas israelíes sobre cinco ataques en Gaza
El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos afirma que el ejército se examinó a sí mismo a través de un órgano que depende de su propio Estado Mayor y que abrió causa penal en solo dos de los cinco expedientes. En ellos murieron treinta y cinco personas.

El Observatorio Euromediterráneo de Derechos Humanos afirmó el viernes que las investigaciones militares israelíes sobre cinco ataques en Gaza, en los que murieron 35 personas, no cumplen con lo que exige una investigación penal creíble. Entre los muertos había niños, personal sanitario y trabajadores humanitarios.
Los cinco expedientes examinados son la muerte de siete trabajadores de World Central Kitchen en abril de 2024; el asesinato de la niña Hind Rajab, de varios de sus familiares y del equipo enviado a rescatarla en enero de 2024; Tal al-Sultan, en marzo de 2025, donde murieron 15 trabajadores de la Media Luna Roja y de la defensa civil y un empleado de la ONU; el refugio de Médicos Sin Fronteras en al-Mawasi, que fue bombardeado; y los disparos contra un convoy de evacuación de MSF en noviembre de 2023.
El ejército abrió una investigación penal en solo dos de ellos, el asesinato de Hind Rajab y Tal al-Sultan, y la rechazó en los otros tres, señaló el observatorio.
Su objeción central apunta a quién realizó el examen. El órgano que llevó a cabo las revisiones depende del Estado Mayor General, señaló el observatorio, de modo que lo que produjo no puede valer como una causa penal concluida; y puso en duda que un mecanismo situado dentro del ejército pueda juzgarlo con imparcialidad cuando las acusaciones alcanzan el nivel de infracciones graves del derecho internacional.
En el expediente de World Central Kitchen, el ejército admitió que su actuación había fallado gravemente, pero no encontró nada que tratar como delito. El observatorio rechaza esa lectura. El convoy fue alcanzado tres veces seguidas y los supervivientes pasaron de un vehículo a otro entre los impactos, lo que, según afirma, debería haber obligado a quienes disparaban a comprobar de nuevo a qué apuntaban. Pide una investigación que aclare cómo se identificaron los vehículos, qué órdenes se dieron y por qué el ataque continuó tras el primer impacto.
Sobre Hind Rajab, dijo que la posición previa del ejército, según la cual ninguno de sus soldados estaba cerca del coche, contradice las pruebas técnicas, y pidió que se examine toda la secuencia en conjunto: los disparos contra el coche de la familia y el ataque posterior contra la ambulancia enviada a buscarla. Sobre Tal al-Sultan afirmó que el material audiovisual y forense no respalda la primera versión del ejército, la de que los vehículos de emergencia se acercaron a sus fuerzas sin luces ni señales de advertencia, y reclama que cada ronda de disparos se examine por separado, hasta las armas utilizadas y las órdenes impartidas. También pidió que se revisen los testimonios sobre el enterramiento de los vehículos aplastados y de los cuerpos. En los dos expedientes de MSF, dijo, las conclusiones se apoyaron en suposiciones y pasaron por alto lo aportado por los supervivientes y por la propia organización.
Leídos en conjunto, los cinco casos trazan un mismo recorrido institucional, señaló el observatorio: una larga revisión interna, la conclusión de que hubo un error operativo y un expediente cerrado sin nadie acusado. Pidió a la Corte Penal Internacional, y junto a ella a los investigadores de la ONU, que examinen los propios ataques, con acceso a las pruebas y a los testigos, y que determinen la responsabilidad tanto de quienes dispararon como de quienes dieron las órdenes.