Sudáfrica pide a otros gobiernos que apliquen las órdenes de la CIJ

Israel no ha cumplido ninguna de las tres series de medidas provisionales que la Corte Internacional de Justicia dictó en su contra en 2024, afirmó el domingo en un comunicado el Departamento de Relaciones Internacionales y Cooperación de Sudáfrica, que sostiene que el deber de hacerlas cumplir recae en todos los Estados y no solo en los jueces.

Esas órdenes se dictaron en enero, marzo y mayo de 2024. Exigen a Israel prevenir los actos de genocidio y la incitación pública a cometerlos, poner fin a su ofensiva militar en Rafah y permitir que la ayuda humanitaria y los servicios básicos lleguen sin demora a los palestinos en todo el territorio. Israel también debía informar de lo que había hecho para cumplirlas, y presentó ese informe en febrero de 2024.

Negarse a cumplir las medidas, señaló el departamento, «socava su función protectora» y abre la puerta a una mayor destrucción del grupo al que fueron redactadas para proteger. El comunicado las presenta como una protección no solo de los palestinos, sino de la propia autoridad de la Corte, ya que los derechos destruidos mientras un caso sigue abierto no pueden restituirse con el fallo que lo cierra. Cada gobierno, añade, está obligado por separado a adoptar «todas las acciones necesarias para prevenir y castigar el genocidio».

El comunicado llega después del expediente que Pretoria presentó a comienzos de semana en virtud del artículo 11 de la práctica judicial interna de la Corte, la disposición que permite a un comité permanente de jueces examinar el material que envían las partes.

El expediente contabiliza más de 73,400 palestinos muertos y más de 174,300 heridos desde octubre de 2023, en conjunto más de una décima parte de la población de Gaza. Entre quienes sobrevivieron, calcula que 46,000 personas, niños incluidos, viven con amputaciones o con lesiones traumáticas en el cerebro y la médula espinal. Acusa además a Israel de detener arbitrariamente a palestinos y trasladarlos a prisiones y centros de detención fuera del territorio, donde afirma que sufren tortura, violencia sexual y de género y tratos crueles, inhumanos y degradantes.

La organización palestina de derechos Al-Haq celebró la presentación e instó a los jueces a ir más allá por iniciativa propia, sin esperar a que lo pida ninguna de las partes, dictando medidas provisionales adicionales mientras el caso siga sin resolverse.

Pretoria lleva casi dos años reuniendo este historial en el seno de las Naciones Unidas. Presentó la demanda por genocidio en diciembre de 2023, el primer Estado en hacerlo, y desde entonces ha llevado expedientes ante el Consejo de Seguridad en tres ocasiones: en mayo de 2024 y de nuevo en febrero y septiembre del año pasado. En octubre pasado llevó la cuestión concreta de la hambruna a la Asamblea General y al Consejo Económico y Social, y pidió a ambos que intervinieran en virtud del artículo VIII de la Convención sobre el Genocidio.

Cada uno de esos órganos pudo actuar con lo que se le envió, y ninguno lo hizo. Ese es el giro que marca el comunicado. Tras dos años y medio pidiendo a la Corte que dijera qué exige el derecho, Sudáfrica dice ahora a los Estados firmantes de la Convención que ya lo saben, y que la obligación que fue a establecer a La Haya no espera a la próxima orden del tribunal.